Los fiscales de la provincia Santo Domingo vinculados a la desaparición de un cargamento de drogas valorado en RD$50 millones de pesos, tienen antecedentes de “mal comportamiento” en sus funciones jurídicas.
Tanto el magistrado Máximo Díaz como Leónidas Suárez habían sido reportados por “indisciplinas” en distintos casos, pero igual de graves.
De acuerdo a datos de “archivo”, el miércoles 5 de septiembre del 2012, el Consejo Superior del Ministerio Público, encabezado por el procurador Francisco Domínguez Brito, suspendió a doce procuradores fiscales de los departamentos judiciales de las provincias Santo Domingo, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel, entre los que figura Leónidas Suárez.
Suárez fue en esa fecha, enviado a juicio disciplinario ·por irregularidades en un caso de drogas”.
En ese entonces, su suspensión fue recomendada por la Inspectoría General del Ministerio Público, organismo que la presentó al Consejo Disciplinario, y éste al Consejo Superior del Ministerio Público.
Mientras que el fiscal Máximo Díaz, en el 2010 también fue reportado por la jueza Wendy Lora, quien solicitó por escrito “un cambio” a otra jurisdicción de Díaz, ya que según datos en un caso de violación sexual donde la magistrada solicitaba prisión preventiva, éste subió a estrado y “cambió mediante sentencia la medida por una garantía económica”.
Esta acción provocó que la jueza Lora redactara un informe y lo hiciera público para lograr el traslado del hoy interrogado abogado por su vinculación al referido caso de drogas.
La pasada semana, ambos profesionales fueron acusados de supuestamente estar vinculados a un caso de drogas, lo que provocó la reacción del procurador general de la República, designando a dos procuradores adjuntos para investigarlos.
Los magistrados procuradores adjuntos: Iván Lorenzo y José Jiménez junto con el general Orlando Martin Pichardo, interrogan junto a directores centrales de inteligencia de la PN, y de Asuntos Internos a los dos representantes del Ministerio Público suspendidos en funciones.
